Proponen en Cámara de Diputados fijar plazo máximo para pago de finiquitos

Una nueva iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados busca reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer un plazo máximo obligatorio de tres días naturales para el pago del finiquito. La propuesta, que actualmente se encuentra bajo análisis de las comisiones legislativas, pretende garantizar mayor seguridad jurídica para los trabajadores que concluyen su relación laboral de manera voluntaria o por terminación de contrato, evitando demoras injustificadas en la entrega de sus percepciones.

El documento legislativo argumenta que, ante la falta de un plazo específico y riguroso en la normativa vigente para el pago de estas prestaciones, muchos trabajadores enfrentan incertidumbre financiera al momento de separarse de sus fuentes de empleo. Según la exposición de motivos de los legisladores proponentes, la modificación busca estandarizar un periodo de espera razonable que proteja la economía de las familias mexicanas sin afectar la operatividad de las empresas en el país.

La propuesta contempla que, en caso de incumplimiento por parte del empleador dentro de este periodo de tres días, se activen mecanismos de mediación más ágiles ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con esta medida, los promotores de la reforma buscan reducir la carga administrativa y el número de controversias laborales que actualmente se dirigen hacia los centros de conciliación y los tribunales especializados en todo el territorio nacional.

Expertos en materia laboral han señalado que la iniciativa se alinea con los esfuerzos actuales para fortalecer los derechos de los empleados y promover la transparencia en la liquidación de obligaciones patronales. Por su parte, cámaras empresariales han manifestado su disposición a revisar los plazos propuestos, subrayando la importancia de mantener un equilibrio que permita a las unidades económicas gestionar sus procesos financieros de manera eficiente y legal.

El proceso legislativo continuará su curso en las próximas semanas, donde se espera la realización de foros de consulta con representantes del sector privado y sindicatos. De ser aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado de la República, esta reforma representaría uno de los cambios más significativos en los procedimientos de finiquito de los últimos años, impactando directamente en la dinámica entre empleadores y trabajadores en México.