Cuestionan uso de vuelos privados por la gobernadora Mara Lezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, enfrenta críticas tras la difusión de información sobre el uso recurrente de vuelos privados para traslados oficiales y personales. Diversos sectores han señalado la necesidad de clarificar la naturaleza de estos servicios, especialmente ante la posible relación entre los prestadores de dichos vuelos y proveedores que mantienen contratos vigentes con la administración estatal.

Especialistas en transparencia administrativa señalan que, aunque se presente documentación sobre el origen privado de los recursos utilizados para sufragar estos traslados, el conflicto de interés persiste si los proveedores de transporte tienen vínculos con la administración pública. La normativa vigente en México exige que los funcionarios públicos garanticen la máxima publicidad en sus actividades para evitar cualquier percepción de beneficio indebido a través de convenios gubernamentales.

La administración estatal ha sostenido en diversos comunicados que los traslados se realizan bajo estricto apego a la legalidad. No obstante, integrantes de la sociedad civil han solicitado una auditoría detallada sobre los contratos de servicios aéreos en el estado para descartar cualquier irregularidad en las adjudicaciones de obra pública o servicios que pudieran estar relacionados con los propietarios de las aeronaves utilizadas.

Este debate se inserta en una discusión más amplia sobre la ética en el servicio público en México, donde la transparencia es un eje central para la legitimidad de los gobiernos estatales. Mientras tanto, la gobernadora Lezama ha mantenido su agenda de trabajo, insistiendo en que todas sus actividades están sujetas a la fiscalización de los órganos competentes y que cualquier duda debe resolverse mediante los mecanismos institucionales establecidos en la ley.