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Adrián LeBarón cuestiona sentencia solicitada por FGR en caso de masacre

Adrián LeBarón manifestó su inconformidad ante la propuesta de la Fiscalía General de la República de solicitar una pena de diez años para un presunto implicado en el ataque de 2019.

Redacción El Radiograma
Foto: sdpnoticias.com

Adrián LeBarón, activista y familiar de las víctimas de la masacre ocurrida en 2019 en los límites de Sonora y Chihuahua, denunció públicamente que la Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una pena de apenas diez años de prisión para uno de los sujetos procesados por su presunta participación en los hechos. El activista calificó esta pretensión como insuficiente frente a la gravedad de los acontecimientos que enlutaron a su familia y a la comunidad de la región.

La postura de LeBarón surge tras conocer los avances en el proceso judicial que sigue la FGR contra los implicados en el ataque armado, el cual resultó en la muerte de mujeres y menores de edad. A través de sus pronunciamientos, el representante de la familia ha señalado que la solicitud de la fiscalía no corresponde a la magnitud de los delitos imputados, argumentando que el sistema de justicia debería garantizar sanciones más severas para evitar la impunidad en casos de alto impacto nacional.

Este proceso judicial se desarrolla dentro del marco de las investigaciones que la FGR ha llevado a cabo durante los últimos años para identificar y sancionar a los responsables del suceso. La familia LeBarón ha mantenido una vigilancia constante sobre las actuaciones de las autoridades federales, buscando que las sentencias dictadas reflejen una verdadera procuración de justicia y un mensaje contundente contra la violencia perpetrada por grupos delictivos en el territorio nacional.

El caso continúa siendo un punto de atención sobre la eficacia del sistema penal en México frente a tragedias que involucran a ciudadanos en zonas de alta incidencia delictiva. Por su parte, el equipo legal que acompaña a la familia ha reiterado que seguirán agotando los recursos necesarios para que las peticiones de la fiscalía sean revisadas, insistiendo en que el acceso a la verdad y a la justicia plena sigue siendo la prioridad absoluta para los afectados en este proceso legal.

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